Perú: las personas con discapacidad en medio de la crisis política

Nuestro país vive una crisis que se ha hecho conocida a nivel internacional. Sin embargo, poco se sabe sobre cómo este periodo de convulsión social está afectando los derechos de las más de tres millones de personas que tenemos una discapacidad en Perú. Límites al momento de ejercer el derecho a la protesta, así como barreras para encontrar información accesible son algunos de los obstáculos que enfrentamos a diario.

Muchos de quienes vivimos en Perú sentimos que la situación de estallido social que se vive en estos momentos pareciera no tener fin y, aunque normalmente no se piensa en las personas con discapacidad en este tipo de contextos, lo cierto es que también sufrimos la crisis.

Pareciera que nos hemos acostumbrado a la inestabilidad, pues en nuestro país hemos tenido seis presidentes desde el 2016 y solo uno, Martín Vizcarra, duró en el cargo más de dos años.

La pandemia, además, azotó a Perú de manera particular. Durante el 2021, llegamos a ser uno de los países con mayores muertes por millón de habitantes.

Es obvio que estamos agotados y aunque se dice que “después de la tormenta llega la calma”, aquí la inestabilidad no ha dejado de escalar.

Las protestas contra Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo en diciembre luego que este intentara disolver el Congreso y gobernar mediante decreto, vienen siendo reprimidas brutalmente por la Policía y las Fuerzas Armadas.

El saldo de los excesos de las fuerzas del orden ha dejado al menos 48 víctimas mortales. Entre los fallecidos hay adolescentes y un médico. También hay al menos once víctimas como resultado del bloqueo de carreteras y un policía calcinado.

Los manifestantes exigen “que se vayan todos”, (el Congreso y el ejecutivo) y nuevas elecciones para el 2023. Muchos de ellos, además, reclaman una asamblea constituyente.

En este artículo quiero compartir cómo afecta la crisis a las personas que vivimos con una discapacidad. Sabemos que esta situación agudiza nuestra exclusión, pero también hace visible que seguimos luchando por una sociedad que nos tome en cuenta como sujetos con un rol activo en la coyuntura local.

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS SOBRE LOS PROTESTANTES

EN el imaginario general, las personas con discapacidad somos vistas como individuos que reciben ayuda, no como sujetos que exigen derechos. Históricamente se ha asumido que no somos capaces de tener nuestras propias opiniones o que simplemente somos apolíticos.

De hecho, cuando piensas en gente protestando en la calle, probablemente la imagen que te viene a la cabeza es la de personas gritando con carteles en mano, pero sin ninguna discapacidad visible.

Sin embargo, la realidad que se vive en este periodo traspasa cualquier estereotipo.  Hay personas con discapacidad que se han movilizado y hay otras que están totalmente en contra de las demandas de los protestantes. Nuestro colectivo es muy diverso y cada persona u organización tiene diferentes perspectivas sobre lo que está pasando.

Ya ha habido comunicados. Desde la Mesa de Discapacidad y Derechos, un espacio que agrupa a 20 organizaciones de personas con discapacidad en el Perú, se emitió un pronunciamiento exigiendo el cese de la violencia e implementar el adelanto de elecciones en el 2023.

Sin embargo, hubo organizaciones dentro de la Mesa que no suscribieron el comunicado, ya que no estuvieron de acuerdo con los pedidos del documento.

Siempre he sido consciente de la diversidad de posturas dentro de mi comunidad y persistentemente voy a defender el derecho que tiene cada quien a tener voz propia. Con todo, debo decir que yo, al igual que la mayoría de organizaciones de la Mesa, estaba (y estoy) muy conmocionada por la represión del estado.

PROTESTAR DESDE OTROS FRENTES

Marchar en el espacio público o “poner el cuerpo”, como dicen algunos activistas no siempre es inclusivo para las personas con discapacidad, más aún cuando la policía viene disparando gases lacrimógenos y perdigones.

En mi caso, yo quería pronunciarme; hablar en voz alta, decir que me parecía indignante que se agreda a la población por ejercer su derecho a la protesta, pero al mismo tiempo me daba temor enfrentarme a la falta de accesibilidad en un contexto de manifestaciones sumamente violentas.

Como persona ciega, sabía que correr o alejarme de los policías en una movilización para cuidar mi integridad sería difícil. Pero he encontrado otras maneras de protestar desde mis redes sociales: difundiendo información, hablando con mis amigos y grabando videos en Tiktok reclamando que se respeten los derechos humanos. Pensar que la protesta solo se da en las calles es capacitista, porque hay quienes no vamos a poder estar presentes por nuestra seguridad, pero la resistencia está en todos los espacios en los que interactuamos.

MANIFESTANTES CON DISCAPACIDAD

Pese a todas las barreras, hay personas con discapacidad que sí eligen ir a marchar tomando todas sus precauciones. Ange, activista del colectivo Autistas Anticapacitistas, quien acudió a las manifestaciones, lo sabe muy bien.

“Desde la salud mental, ir a una marcha es sobreestimulante, hay muchas luces, sonido, movimiento. Y ahora como la represión es tan visceral incluso yo he tenido que medicarme antes de ir a cada marcha porque si me gasean puede activarme un ataque de pánico.”, comenta. “Yo voy a ir a marchar hasta donde me dé el cuerpo porque siento que es un deber ciudadano, pero soy consciente de que no todas las personas neurodivergentes pueden hacerlo”, indica.

La decisión de Ange de formar parte de las movilizaciones le ha traído cuestionamientos incluso de parte de los propios manifestantes.

“Hay gente que me ha preguntado, ¿realmente quieres ir?, ¿segura que puedes?, y uno podría decir que son preguntas que vienen desde el amor y la preocupación, eso está perfecto, pero mi experiencia no iba por ese lado, a mí lo que me han querido decir es que soy una debilidad y que no quieren hacerse cargo de mí cuando yo nunca lo he pedido”, refiere.

Para ella, un tema ausente en los movimientos sociales es el anticapacitismo. “Se habla de anticolonialismo, antirracismo, pero el anticapacitismo no está en la agenda ni de los colectivos de mujeres, ni de la izquierda, por eso como personas con discapacidad tenemos que decir que también existimos”, reflexiona.

EXSCESOS POLICIALES

EN Lima parece que nos hemos acostumbrado a saber que hay protestas en el centro de la ciudad prácticamente a diario y también, de cierto modo, hemos normalizado la avalancha de detenciones arbitrarias.

Por ejemplo, de acuerdo al testimonio de la abogada Janet Marín, la primera semana de enero fueron detenidas 28 personas en una manifestación. Muchas de ellas no estaban protestando, e incluso la Policía detuvo a una persona con discapacidad solo porque se encontraba allí.

Para la abogada, a quien la llamaron para defender a los detenidos, enterarse de eso fue algo inesperado.

“Cuando fui a ver a los detenidos, me doy con la sorpresa de que uno de ellos tenía discapacidad intelectual y epilepsia, y no estaba participando en las marchas”, cuenta.

El joven, Jessy Amílcar Aguilar, llevaba un letrero que decía “todo Wiesse”, un distintivo de los colectivos limeños, autos que llevan a un número reducido de personas a un destino en específico. EN el caso de Amílcar, era una persona que llamaba a pasajeros para que suban a los colectivos de Lima / San Juan de Lurigancho.

Amílcar no estaba participando en las movilizaciones, pero la policía simplemente lo detuvo y de acuerdo a su abogada, no le proporcionó ningún ajuste durante su detención ni permitió que su madre le entregara sus medicinas.

Incluso si Amílcar hubiera estado marchando, no podían haberlo detenido a menos que haya habido delito. Las detenciones sin justificación y con el único propósito de amedrentar son una clara violación a los derechos humanos de toda la población, incluidas las personas con discapacidad.

En un país en el que la mayoría de personas con discapacidad labora en el mercado informal (87%) y trabaja en las calles, resulta peligrosa la actitud de la Policía hacia una comunidad históricamente excluida.

Ilustración a cargo de @tankuanaw

LA COMUNIDAD CON DISCAPACIDAD FUERA DE LIMA

La región Puno, en particular, la ciudad de Juliaca, ha sido el lugar que ha cobrado más víctimas a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Un total de 19 personas murieron, entre ellas 18 civiles y un policía.

Evidentemente, la comunidad con discapacidad de esta región no es ajena a lo que ocurre en su tierra. De acuerdo a Felipe Flores, líder de la Federación de Personas con Discapacidad de Puno, hay personas con discapacidad que han suscrito los pedidos de los manifestantes y se han sumado a las movilizaciones de manera individual.

“Los que pueden salen a marchar, yo he visto a un grupo de personas ciegas, por ejemplo, pero es difícil sumarse como organizaciones, porque hay mucha represión y hay personas con discapacidad que no pueden correr tan rápido si cae una bomba lacrimógena”, refiere.

Otro asunto que llama la atención a Felipe es que hay heridos que no acuden a los hospitales por temor a que no se les atienda adecuadamente como represalia por haber salido a manifestarse.

“Desde la Federación, nos preocupa que haya heridos que adquieran una discapacidad, no sabemos si el Estado les garantizará una atención adecuada”, comenta.

Esto es particularmente importante, tomando en cuenta que la situación de exclusión de personas con discapacidad en regiones fuera de la capital alcanza índices elevados en servicios como rehabilitación, por ejemplo.

De Acuerdo al informe Diagnóstico de la Situación de las Políticas sobre Salud para Personas con Discapacidad en el Perú del año 2015 elaborado por la ONG Paz y Esperanza, no existen servicios de rehabilitación en todo el país y se ha priorizado la atención centralizada en institutos especializados ubicados en Lima. De esta manera, apenas el 11.4% de las personas con discapacidad reciben tratamiento y/o terapias de rehabilitación, mientras que un 88% no recibe ningún tipo de atención.

Para Felipe, el descontento de la población, que se siente ignorada por el centralismo de Lima, ha provocado indignación en las personas con discapacidad, ya que la comunidad de Puno lleva muchos años viendo que el trabajo sobre discapacidad también se enfoca únicamente en la capital y no alcanza a las regiones.

EL DESAFÍO POR MANTENERSE INFORMADO  

Las redes sociales me han permitido estar al tanto de las noticias sobre el panorama local. Como persona ciega, uno de los medios más accesibles para mí es Twitter, porque mucha de la información que se comparte allí está en texto y desde que estalló la crisis, no he dejado de revisar esa red social.   

Sin embargo, no siempre ha sido fácil mantenerme informada, ya que los contenidos que se comparten no necesariamente son accesibles para lectores de pantalla. En el caso de las convocatorias a movilizaciones, los flyers casi nunca iban acompañados de un texto alternativo que me permita saber la hora y fecha de la protesta. Saber esto no solo es útil por si quiero ir a marchar, sino también por si deseo evitar ir al lugar de la concentración. 

Esta falta de accesibilidad se incrementa para la comunidad sorda. Susana Stiglich, activista sorda, intenta informarse de la coyuntura a diario mediante Twitter, y comparte información en un grupo de Telegram con personas sordas e intérpretes.

“El único canal de televisión accesible es TV Perú, el canal del Estado. Yo me entero de lo que pasa porque entiendo español y me informo por redes, pero muchas personas sordas que únicamente dominan la lengua de señas no pueden hacer lo mismo”, comenta.

En internet, Susana ha encontrado la ventaja de que los videos tienen la opción de subtitulado automático, pero, como ella misma indica, esa opción solo es útil para personas sordas que entienden castellano.

durante esta coyuntura también se ha visto un incremento de información falsa en redes sociales. En el caso de la comunidad sorda, la exposición a la desinformación es mucho más evidente.

“Hay personas sordas e intérpretes que difunden videos en señas con información inexacta, como noticias en las que acusan a todos los manifestantes de ser terroristas”, señala.

La información tampoco es del todo amigable para personas neurodivergentes. Para Rosa Victoria, activista autista, el subtitulado es muy importante para su comunidad, aunque se piense que solo es útil para la comunidad con discapacidad auditiva.

“Hay videos que traen sonidos que me afectan, entonces a mí me sirve silenciarlos y verlos con subtítulos, pero si el video no los tiene, me arriesgo a reproducirlo sabiendo que puede incomodarme. Los videos también podrían tener advertencias sensoriales, un mensaje que diga: ‘contiene sonidos fuertes’”, señala.

PEOR QUE EN PANDEMIA

Los enfrentamientos y bloqueos de carreteras han hecho más difícil la situación de las personas con discapacidad. Además, en un contexto de crisis generalizada, las personas con discapacidad no somos una prioridad para las autoridades.

En Cusco, otra región en la que se han registrado grandes movilizaciones, vive María Raquel Pilares, activista con discapacidad física y presidenta de la Organización de Personas con Discapacidad de Paruro, provincia en la que reside.

En la región, la mayoría de personas con discapacidad vive en condición de pobreza, y, para ella, en este periodo han visto empeorar su situación debido al accionar del gobierno y de los propios manifestantes.

“Hay personas con discapacidad que se dedican a la venta ambulatoria en Cusco, ahora muchas no pueden salir por los enfrentamientos. Desde Paruro, he tenido que acompañar a una joven que tiene esquizofrenia y necesita cada mes ir a Cusco para recoger sus pastillas. Tuve que suplicar a la municipalidad que me dé una movilidad para llevarla”, cuenta.

Para María Raquel, el problema está en que ni el Estado ni la población que participa en las marchas consiguen llegar a un diálogo y eso hace que el clima de inestabilidad se agrave.

“Siento que estamos peor que en pandemia. El Estado no está tomando medidas, en mi comunidad corremos el riesgo de quedarnos sin gas. Las mujeres de la zona queremos mandar un documento al Ministerio de la Mujer para pedirles que hagan algo. Incluso queremos pedir una tregua, pero las organizaciones que están participando en las movilizaciones no nos escuchan tampoco”, asevera.

Tanto a nivel municipal como nacional, resulta complicado que las organizaciones que trabajan discapacidad logren reunirse con autoridades gubernamentales o exigir mejores servicios. Las Oficinas Municipales y Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED y OREDIS) están cerradas, las administraciones están cambiando y, según Elizabeth Caballero, coordinadora de la   Mesa de Discapacidad y Derechos, “la discapacidad no es un tema importante para los funcionarios públicos en esta época”.

EL ANHELO POR UN PAÍS MÁS INCLUSIVO

En Perú, para nadie es un secreto que las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad son enormes, que hay mucho trabajo pendiente para garantizar nuestros derechos, y que los obstáculos más grandes que afrontamos son los estereotipos.

Aún la sociedad continúa pensando que somos sujetos sin opinión. No obstante, la propia comunidad con discapacidad que vive la crisis actual rompe con esos prejuicios, al demostrar que las personas con discapacidad tienen diferentes perspectivas políticas.

Nunca está de más recordarle al mundo que finalmente somos personas, con creencias y argumentos diversos, personas que interactuamos, nos movemos y sobrevivimos en épocas de inestabilidad, personas que resistimos en protestas o reclamamos mejor atención en regiones con poco acceso a servicios básicos, y eso es algo que siempre se debería tomar en cuenta, que se nos deje de mirar como víctimas y que se empiece a reconocer en nosotros a personas capaces de tener un papel activo en la sociedad y la política de nuestro país.

Sin embargo, resulta preocupante que en tiempos de crisis nuestra situación se agrave cuando hacemos una revisión y vemos que no se están garantizando nuestros derechos a la protesta, al libre tránsito sin temor a ser detenidos arbitrariamente, a la accesibilidad de la información y a gozar de servicios básicos en todos los rincones del país y no únicamente en las capitales.

El gobierno no parece estar dispuesto a dialogar, pero tampoco parece estar dispuesto a atender las necesidades de una población tremendamente golpeada por la exclusión generalizada, el centralismo de servicios de salud y la pandemia.

Mientras desde el Estado se siga teniendo la perspectiva de que las personas con discapacidad son las menos importantes en etapas de crisis o que son individuos apolíticos que no tienen ningún interés por la coyuntura local, la omisión de nuestros derechos seguirá profundizándose y el sueño por un país más inclusivo seguirá posponiéndose indefinidamente.

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